¿Dónde se esconde el poder?

En una primera clasificación de los distintos regímenes políticos, el filósofo griego Aristóteles diferenció entre aquellos orientados hacia el bien común y aquellos otros que no eran sino perversiones de los primeros. De esta forma, los regímenes positivos serían: la monarquía, la aristocracia y la república; mientras que los negativos: tiranía, oligarquía y democracia. Además del bien común, el estagirita tomó como criterio el número de personas que ocuparían los puestos de poder: solo habría un monarca o tirano, la aristocracia y la oligarquía estarían compuestas por una minoría, y la república y la democracia por la mayoría. Como curiosidad, reseñar que el bueno de Aristóteles pensaba que una monarquía sería el mejor de todos ellos, puesto que el monarca aunaba él solo más virtud que el resto de la población.

Es importante acotar el concepto “bien común” cuando se relaciona con el fin que ha de guiar a las formas de gobierno: se relacionaría con toda aquella acción que favoreciese los intereses de la mayoría, que subordinase los intereses particulares al interés general. Por tanto ese bien común a priori se perfilaría como impermeable a toda subjetividad, como una única dirección posible hacia la que guiar la nave del Estado. Sin embargo a la hora de llenar de contenido, de medidas, de decisiones políticas concretas el “bien común”, se producen fricciones y pugnas en la arena política de la comunidad. En este momento es cuando emerge la figura del o de los gobernantes, para gestionar estas diferentes concepciones de lo que el famoso término significa, y será el gobierno quien atienda y concilie las demandas de los ciudadanos. Este relato se correspondería con la erección de un gobierno por hombres en estado de libertad. Por el contrario, la historia nos enseña que el gobernante no siempre ha tenido esa función de arbitraje, sino que la fuerza militar, la riqueza, la posesión de grandes propiedades o justificaciones ideológicas del poder, han sido los requisitos fundamentales para que una clase se asentase como gobernante. Además, una característica casi innegable de toda clase o toda casta gobernante es que tiende, si no de derecho al menos de hecho, a volverse hereditaria, a mantenerse, a perpetuar su status quo. Sin duda ese carácter hereditario si es de derecho, previamente lo fue de hecho y para su mantenimiento no siempre hizo falta un poder coercitivo que apaciguase a las masas enardecidas que exigían cambios, pues en muchas ocasiones era suficiente justificar su poder de hecho en un principio moral de orden general. Así, siguiendo esta línea argumentativa, se presentan como antitéticos los términos “bien común” y “clase gobernante”: pues el fin del primero responde al interés de la mayoría, mientras que el del segundo a la “clase gobernante”, es decir, a una minoría de la población.

A pesar de que a lo largo de la historia las clases gobernantes han adoptado diferentes configuraciones y se han manifestado de formas variadas, en todas las sociedades ha sido palmaria la lucha antagónica entre dos clases sociales con intereses contrarios expresada en la dicotomía: dominantes y dominados. Sin embargo esta lectura puramente marxista, sintetizada en la frase “el motor de la historia es la lucha de clase”, quizás no tenga calado en la actualidad. ¿Por qué? Porque hoy el poder está más difuso que nunca; los burgueses y sans-coulottes de la Revolución Francesa asaltaron en 1789 la Bastilla pues entendían que su lucha era contra el Antiguo Régimen y que esta era en Francia uno de sus grandes símbolos; fue el Ejército Rojo quien tomó el Palacio de Invierno en octubre de 1917 para iniciar el camino hacia un estado comunista. Sin embargo, hoy casi 100 años después y en una situación de crisis a escala global no identificamos un lugar como centro del poder al que dirigirnos para terminar con esta situación alarmante. En las calles y en los lugares donde despunta el pensamiento crítico la respuesta ya se tiene: “el capitalismo y su globalización neoliberal nos ha traído hasta esta situación”. ¿Pero dónde está el capitalismo? ¿Quién es el capitalismo? ¿Hay que tomar Wall Street?

En España y los países del sur parecemos haber hallado a los culpables de esta situación: “los políticos”, “la casta”. De esta, forma bastaría con un simple cambio en los escaños, con sustituir a los viejos políticos y gobernantes, que no han utilizado la institución para servir a la ciudadanía, y que incluso en muchas ocasiones han aprovechado su posición de poder para saquear lo público en beneficio propio. ¿Demasiado sencillo para ser real, no? Al fin y al cabo cuando la clase política aprueba medidas y (contra)reformas en perjuicio de la mayoría social y en beneficio de una minoría privilegiada, no lo hacen (o eso debemos esperar para no perder la fe en la condición humana) porque sean crueles por naturaleza sino porque en muchos casos son siervos de países con mayor preponderancia internacional, de los grandes grupos financieros, de las grandes empresas oligopólicas, de los lobbies, en definitiva, de poderes fácticos. Estos poderes económicos, a los que podríamos añadir a la Iglesia o al ejército (incluso a los medios de comunicación a la hora de fiscalizar la vida política), son el poder real, el poder que gobierna todos los días y que a diferencia de nuestra clase política nunca pasa por las urnas. Por ello, cuando se critica a la clase política de haber “secuestrado nuestra soberanía” es importante matizar, nos han secuestrado la soberanía pero actuando como títeres de este verdadero poder no democrático. Pues nadie lo ha votado, ni ha cumplido ningún procedimiento legal-burocrático para alcanzar esa posición, pero sin embargo influye sobre nuestra democracia de una forma palmaria.

Un ejemplo muy ilustrativo de la forma de actuar de este poder real lo encontramos en los bancos y cajas de ahorros de nuestro país. Pues habiendo sido rescatados algunos de ellos con dinero público, imponen desahucios a las familias que no pueden pagar la hipoteca. En primer lugar, rescatar con dinero público, es decir con dinero de todos, supone socializar pérdidas, sin embargo nunca se han socializado los beneficios obtenidos por estas entidades. En segundo lugar, es importante poner de relieve la ilegalidad de la Ley Hipotecaria Española, no porque lo diga la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), sino porque el Tribunal de Justicia de la UE dictó que era contrario al Derecho Comunitario. En tercer lugar, la ley no contempla una demanda social como es la Dación en pago con carácter retroactivo, es decir, saldar la deuda con el banco al entregar tu casa. De esta forma, a pesar de haber recibido dinero de todos los españoles, de ir contra la legislación y de no asegurar una vivienda digna a todas las familias, las entidades bancarias provocan “gente sin casas y casas sin gente”.

Por ello hoy, en momentos que se dicen “de cambio”, dentro de un contexto de crisis de la democracia representativa, es importante la prudencia y la mesura en la crítica. Debemos distanciarnos de un bombardeo mediático constante que nos ciega y aturde, para poder hilar fino en nuestras reflexiones y escudriñar en las entretelas del poder la causa o alguna de las causas de la situación que denunciamos.

Artículo escrito por Rodrigo Olmo, estudiante de Filosofía y Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid.

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