España y sus guerras sucias contra ETA (I)

Con toda finura y profundidad le respondió al célebre Alejandro Magno un pirata caído prisionero. El rey en persona le preguntó: “¿Qué te parece tener el mar sometido a pillaje?”. “Lo mismo que a ti – respondió- el tener el mundo entero. Sólo que a mí, como trabajo en una ruin galera, me llaman bandido, y a ti, por hacerlo con toda una flota, te llaman emperador.

Agustín de Hipona, La Ciudad de Dios.

 

            Max Weber nos ha enseñado que, desde un punto sociológico, el Estado moderno tan solo podía ser definido por su medio específico: la violencia física. Y es que si la idea promulgada por los valores democráticos es la paz, la franca realidad se torna paradójica en tanto que si bien todos los Estados deslegitiman la violencia ajena a los mismos, en ningún caso dejan de sustentarse en la que ellos generan. Así, el monopolio de la legítima violencia recae en un Estado que dice pertenecer a una sociedad democrática y nosotros, víctimas de ello, caemos en muchas ocasiones en la absurda dialéctica de quienes tratan de vendernos que si cabe violar las garantías democráticas del Estado de Derecho es porque, ante todo, lo que prima aquí es la seguridad. Sin embargo, además de que dicho ejercicio de la violencia física contradice los valores promulgados por la democracia, el argumento de la seguridad se muestra absurdo en cuanto uno decide consultar las cifras de personas inocentes que se vieron involucradas en operaciones de terrorismo de Estado. Es así como en España, entre el otoño de 1983 y el verano de 1987,  los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) se convierten en una de las polémicas más hirientes de una democracia que apenas acababa de nacer: veintiséis personas asesinadas y treinta heridas en nombre de la lucha contra ETA y amparados por el que luego se demostró que era un gobierno de mierda en mano.

            Las incógnitas al respecto de la guerra sucia contra ETA continúan siendo demasiadas y, por otro lado, si bien el estallido de tal polémica encolerizó a la sociedad española, el cuestionamiento de la violencia de Estado no deja de ser un tema apartado de los debates políticos actuales, ni objeto de análisis por la mayoría de la sociedad. Y es que el caso GAL, además de ser una de las mayores aberraciones de nuestra democracia, no es sino el reflejo de  de una Transición política heredera de las lacras del franquismo. De hecho, el principal argumento que el PSOE utilizó para defenderse ante la exigencia de explicaciones por parte de la opinión pública fue el de la directa y eterna herencia de los aparatos de seguridad del franquismo. En correspondencia con esto, cabe preguntarse cuál era esa herencia y quienes se encargaron de que Franco, a esta genética de un sistema ya raído por la vejez, no se la llevase del todo a la tumba. Por ello, cabe remontarse a los años 70, cuando España era la España que luchaba desde unos ya preocupantes movimientos antifranquistas, donde el  “Gora Euskadi askatuta” no era sino resultado –pese a quien le pese- de una sociedad cuyo calcio no fue otro que el de la represión política. En un contexto donde la libertad era ansiada sin éxito, la lucha armada de un grupo de jóvenes vascos comenzó a ser una de las principales amenazas para el régimen, el cual, en 1969 logró llevar a cabo un consejo de guerra contra dieciséis militantes de ETA capturados por las fuerzas de seguridad del país. Fue así como, a raíz de dichos acontecimientos, el gobierno decidió llevar a cabo una muestra de la ya debilitada autoridad del franquismo con el proceso de Burgos (diciembre de 1970) en el que el régimen franquista decidió juzgar de manera conjunta a los detenidos y cuyo resultado fue la solicitud por parte de la Fiscalía de que seis de ellos fueran condenados a pena de muerte y el resto, a setecientos años de prisión. Sin embargo, con lo que el poder no contaba era que incluso muchos de los que estaban en desacuerdo con los métodos de ETA se o levantarían frente a tal ejercicio de justicia militar contra la oposición. Es así como muchos intelectuales y cierto sector progresista del clero (dos de los acusados eran sacerdotes) hicieron estallar múltiples protestas en las que, por supuesto, el resto de la ciudadanía también tomó parte. Se alzaron voces como las de Jean-Paul Sartre , el  Papa Pablo VI o las de los alrededor de trescientos catalanes –entre ellos Joan Miró y Antoni Tàpies– que se encerraron en el monasterio de Monserrat en símbolo de protesta y apoyo a los que consideraban derechos nacionales del pueblo vasco.

            A pesar de que toda esta presión social comenzaba a ahogar las preocupaciones del franquismo, el 28 de diciembre de 1970, el tribunal pronunció en su veredicto nueve condenas a muerte en lugar de las seis que pedía la acusación. Pero ante apelaciones de nueve gobiernos europeos, entre los cuales Francia, Alemania y el Vaticano se veían involucrados, tres días más tarde Franco se vio obligado a conmutar dichas sentencias por treinta años de prisión. Este resultado final, junto con el apoyo masivo a los prisioneros a través de las citadas reivindicaciones de la oposición franquista, provocaron un súbito auge de la militancia en organizaciones de corte fascista entre los españoles partidarios de la ultraderecha, que se manifestó en estallidos de violencia aparentemente incontrolados contra quienes con sus reivindicaciones cuestionaban el sistema vigente. Estos grupos entendían que el aparato del Estado no era suficiente para frenar la creciente oposición y lo cierto es que, al parecer, estos no eran los únicos que mantenían dicha postura. Según algunas fuentes, Carrero Blanco era consciente de que la maquinaria formal de represión ya no bastaba para erradicar las ya constantes manifestaciones de activismo político y que de este modo, al parecer, quien se sabía la mano derecha de Franco ordenó la reorientación de los servicios de inteligencia hacia el control y la dirección de la violencia ejercida por  los grupos ultraderechistas, convirtiendo a estos en un arma coherente contra la oposición. Es así como, aparentemente, a esta red de información conocida como Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno (SECED) le correspondía crear un nuevo plan sobre el cual se iba a llevar la que será conocida como la primera guerra sucia contra ETA (1975-1987), que a su vez será de gran influencia para la perpetrada años después por el GAL (1983-1987).

            El inicio de esta primera guerra sucia se sitúa después del asesinato de Carrero Blanco por parte de ETA en 1973 y de una turbulenta etapa en el panorama político y social del País Vasco debida al endurecimiento de la represión sobre dicha región durante los últimos años del dictador. La primera acción que se suele atribuir a la guerra sucia es la explosión de una bomba en la librería Mugalde de Bayona en abril de ese mismo año. Sin embargo, no se suele hablar del inicio oficial de la guerra sucia hasta el 5 de junio con el intento fallido de asesinar a José Antonio Urrutikoetxea (Josu Ternera), uno de los máximos dirigentes de la cúpula de ETA. A este intento fallido se le sumará el de asesinar a Iturbe Abásolo (Txomin), otro veterano de dicha organización contra el que atentaron en Biarritz en noviembre de 1975 y el de marzo del año siguiente contra Tomás Pérez Revilla en San Juan de Luz. Todas estas acciones, junto con otros actos de sabotaje menores, fueron reivindicadas por el llamado Batallón Vasco Español (BVE), también conocido como Alianza Apostólica Anticomunista (AAA), Antiterrorismo ETA (ATE) o Acción Nacional Española (ANE).

            La venganza de la muerte de Carrero Blanco es, sin lugar a dudas, una de los trofeos más destacados que esta organización se atribuyó: el 18 de diciembre de 1978 José Miguel Beñarán (Argala) es asesinado en Anglet. Sin embargo, aunque dicho atentado fue reivindicado hasta la sociedad por el BVE, ciertas investigaciones sugieren tanto la implicación de militares de la marina como la posible existencia del apoyo de la SECED. En relación con esto, en el informe de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco de 2010 se dice que el BVE y sus diferentes hoomónimos “actuaban con un importante nivel de tolerancia, cuando no de complicidad, con importantes sectores de los aparatos policiales de la época” y que “la escasa y deficiente investigación policial de una parte muy importante de estas acciones violentas impide el esclarecimiento de un dato de especial relevancia: cuál es el grado de complicidad, colaboración o inhibición que pudo existir por parte de determinadas instancias policiales con dichos criminales”. Además, se añade que “los antes citados sectores políticos de extrema derecha y elementos vinculados a los aparatos de unas fuerzas de seguridad del Estado todavía pendientes de democratizarse y con una incuestionable motivación política, sembraron el terror en determinados sectores sociopolíticos vascos, normalmente vinculados a la izquierda y, sobre todo, al nacionalismo vasco mediante actuaciones violentas que provocaron importantes daños materiales y personales, llegando al asesinato”. Por último, el informe advierte que de los 74 actos terroristas atribuidos a estos grupos, responsables de 66 víctimas mortales, solo en 33 se abrieron diligencias judiciales y de estos últimos, tan solo 17 fueron resueltos con una sentencia firme.

            El ametrallamiento del bar Hendayais, lugar de reunión de simpatizantes de ETA, el 23 de noviembre de 1980 en Hendaya quizás es uno de los acontecimientos más aberrantes de los llevados a cabo en la llamada primera guerra sucia tanto por la manera en la que los criminales lograron huir como por la indiscriminada carnicería que se llevó a cabo. En él, además de diez heridos, murieron el empleado José Camio y el jubilado Jean Pierre Aramendi, ambos sin filiación política conocida. En cuanto a cómo lograron escapar los implicados, Paddy Woodworth explica en su libro Guerra sucia, manos limpias que según las personas que presenciaron tal acontecimiento, los dos pistoleros involucrados corrieron hacia un Renault 18 en el que les esperaba un tercer individuo que condujo a gran velocidad en dirección a la frontera. Minutos más tarde, un coche idéntico pasó por el puesto de control francés del Puente Internacional que cruza Bidasoa y chocó con otro vehículo detenido en el lado español. Rodeados por la policía y la Guardia Civil, los tres hombres salieron con las manos en alto. Uno de ellos mostró a los agentes un número de teléfono de Madrid y aseguraba trabajar para los servicios de seguridad españoles. Cuando uno de los agentes llamó a tal número, para su sorpresa, quien contestó fue el mismísimo Manuel Ballesteros, responsable de los servicios de información, director del recientemente creado Mando Único para la Lucha Contraterrorista (MULC) y excomisario de la policía en Bilbao y San Sebastián. Sus instrucciones fueron claras: “Nadie ha visto ni oído nada”. Ante tales circunstancias, no resulta sorprendente la respuesta que Emily Muley, una de las supervivientes del atentado de Hendayais, dio ante la pregunta de cómo se sentía acerca de la aparente complicidad de la autoridades españolas en el encubrimiento como el que ella vivió. Su contestación no fue otra un juego de palabras lleno de  resignación:

“Affaire d’Ètat rien à faire”, dijo.

(NO HAY NADA QUE HACER CON LOS ASUNTOS DEL ESTADO).

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Nací en el Portonovo del 1996 y lo que escribo es, probablemente, patológico.

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