Inmunes, Aforados y otras Violaciones de la Prensa

En otra ocasión, en esta misma página, traté de explicar las nociones básicas del constitucionalismo español en aras de alcanzar una mejor comprensión de lo que nos cuenta, más que nos da y mucho más que lo que nos garantiza, nuestra carta magna. Mi objetivo, además de ese, era que más de uno dejase de citar la constitución como si le fuera la vida en ello, argumentándolo como incontestable. Hoy vengo con un intención similar, la de desentrañar los misterios y polémicas que se esconden bajo 3 figuras jurídicas que parece que, más que garantizar el ejercicio adecuado de la función pública, se prestan a la prostitución mediática y engendra no pocos hijos bastardos y otros malentendidos.

Hablo, señores y señoras, de la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero jurisdiccional (estos últimos son aforados, pa’los amigos). Son, sin duda, palabras que suelen emplearse en frases cargadas de demagogia y de odio, fruto de una incomprensión perfectamente razonable. Que no todo el mundo es jurista es tan cierto como que estas tres figuras distan mucho de su concepto original y que en España se utilizan de una forma – siendo generosos – algo gratuita. Todo lo más, no quiere decir que no sean fundamentales para el sostenimiento del edificio constitucional y legal que tenemos aquí montado, por peculiar que sea nuestra arquitectura.

El origen de estas prerrogativas se encuentra, como casi todo lo relacionado con el parlamentarismo, en el derecho anglosajón, concretamente en el Parlamento Inglés. Cierto episodio, acontecido allá por 1397 en el seno de dicha cámara, supuso la muerte de Thomas Haxley, diputado condenado a muerte por criticar a la corte real. Habrían de pasar unos años con la idea en remojo hasta que otro diputado, Thomas Moro, reivindicó que los parlamentarios debían poder expresarse con libertad como un elemento esencial de su función. Así, en el bill of rights de 1689 (un deje de constitución, para entendernos), se reconoció “la libertad de expresión, debate y procedimientos -ojo- en el Parlamento”.

Suficiente con la clase de historia. Los conceptos van evolucionando como algo inevitable anexo al crecimiento de la realidad social y política, hasta traer a nuestros días estos términos tan conflictivos. Veamos de qué trata cada uno:

La inviolabilidad es una figura que protege a los parlamentarios y al Jefe del Estado. Lo primero que hay que tener bien claro es que esto es una garantía y no un privilegio. Esta exime de toda responsabilidad civil, penal, administrativa o laboral por las opiniones y actos realizados en el ejercicio de las funciones representativas. Protege la función y no a la persona. Lo segundo que hay que tener presente es que esta protección no abarca “los actos cuando hayan sido realizados por su autor, en calidad de ciudadano, fuera del ejercicio de competencia de su función que le pudieran corresponder como parlamentario”. No me invento nada, cito a nuestro Tribunal Constitucional. En decir, ¿para qué sirve esto? Dicho en claro, para que un parlamentario o senador de la oposición pueda decir que el bando sentado en el banquillo del gobierno lo está haciendo mal y ciscarse en sus medidas si fuera necesario, sin que por ello le vayan a meter en la cárcel o, como a nuestro amigo inglés, colgarlo en el patíbulo. Otra cosa muy diferente es que en nuestro Parlamento de mentira, a rebosar de políticos adictos al Candy crash y a los gin-tonics baratos -disculpen la demagogia- y subordinados a la férrea disciplina de voto -esto ya no lo es-,  tal figura sirva para algo. Para poder ser inviolable por las declaraciones dichas en un debate antes hay que saber y querer debatir, no votar todos como borregos a lo que diga el jefe de fila o leer sin dicción alguna malos discursos redactados por becarios. Importante, para que no se piensen mal. ¡Esto es en sesión parlamentaria! Las injurias que estos buenos señores hagan en rueda de prensa, mítines o en la cola del súper son tan punibles como las que haríamos cualquier de nosotros.

Tema aparte es la inviolabilidad del Rey, que va más allá que la simple parlamentaria y exime a su figura de toda responsabilidad, en cualquier ámbito. Así sus actos, tanto institucionales como personales, están protegidos hasta el momento en el que deje de ser monarca. No encuentro explicación más allá del residuo histórico. ¿Es un privilegio? Quizás. De algo tiene que servir ser rey de un país, supongo. Dado que en 30 años de reinado Juan Carlos no mató ni estafó a nadie, no veo la necesidad de prender la llama del alarmismo e indignación social. Sigamos aprendiendo.

La segunda de las prerrogativas es la inmunidad, que protege a los Parlamentarios prohibiendo su detención salvo caso de flagrante delito y sin previa autorización de la Cámara respectiva (dice nuestra Constitución en su art. 71). Esto viene a ser que, salvo que les pillen con las manos en la masa, no pueden ser detenidos. Cuando antes hablábamos de inviolabilidad, nos referíamos a declaraciones o injurias, mientras que aquí hablamos de otra clase de delitos. Así, mediante esta figura se impide que el parlamentario, pongamos por caso, acusado de cohecho, sea detenido si la cámara correspondiente no lo autoriza antes. Autorización que viene a ser “el suplicatorio”. Es decir, hay que preguntar al Congreso o al Senado sí consienten que se le procese. Esta figura, en origen, pretendía garantizar que el parlamentario no se viera apartado de sus funciones políticas. Ilustremos un caso práctico y real. Corre el año 1865 y quieres abolir la esclavitud en EE.UU. Allí, no como aquí, los miembros de las cámaras piensan por sí mismos y las votaciones no son una mera cuestión de mayorías absolutas; cada voto cuenta, como bien sabréis aquellos seguidores de la increíble House of Cards. Con esta figura de la inviolabilidad consigues evitar que alguien no pueda participar en una votación porque se haya cursado una denuncia falsa. Mientras se dan cuenta de que no ha hecho aquello de lo que se le acusa la votación ha tenido lugar. Un ejemplo histriónico pero efectivo. Para esto es la inviolabilidad. Ahora bien, yo no digo que hoy día sirva para algo. Es impropio de un estado democrático moderno como el nuestro que se incluya en esta garantía toda clase de delitos, cuando lo menos que se puede hacer es atender a la gravedad del hecho, para decidir. Como tampoco es normal, ni justo, que decidan las cámaras con la figura del suplicatorio, que es inexistente en todas partes de Europa menos,  como de costumbre, aquí. Una vez más, no critico la figura, sino el empleo de la misma, así como sus formas o procedimientos, algo que a los españoles se nos da francamente mal.

La última de las instituciones, y la más criticada, es el aforamiento que la Constitución reserva a los miembros de las Cortes Generales e integrantes del gobierno. La figura lo que supone es que, en lugar de ser juzgado por un tribunal raso, de primera instancia, directamente tu caso pasa a la atención del Tribunal Supremo. Esto hasta aquí no es ninguna tontería y es que me parece lógico que personajes públicos deban ser juzgados por una corte que no pueda verse afectada por presiones políticas o mediáticas locales. Igual de lógico que es tener presente que el aforamiento es un arma de doble filo, (o al menos debiera serlo, pero hasta el Supremo está elegido a dedo, aunque eso sea otro tema…) porque ir directamente a la más alta instancia implica no poder recurrir la sentencia si te es desfavorable, pues ya no queda nadie por encima. Fuera como fuere, es obvio que aquí las cosas funcionan mal. La Ley Orgánica del poder judicial (una ley importante, no se necesita saber más) extiende el aforamiento a los pleitos civiles (ya bastante estúpido) y (absolutamente estúpido) lo otorga a, tomen aire, Presidentes del Supremo y Constitucional, Vocales del Consejo general del Poder Judicial, magistrados del Supremo, del Constitucional, de la Audiencia Nacional, de todos los Superiores de Justicia, al Fiscal general del Estado, al presidente del tribunal de cuentas, a sus consejeros, también a los gobiernos autonómicos, a sus parlamentarios y respectivos consejeros… y así hasta la delirante cantidad de 10.000 personas que engrosan el chanchullo más burdo, inconstitucional y nutrido de nuestra justicia nacional. Los motivos técnicos por los cuales esta amplísima nómina de aforados no puede mantenerse poco importan, y es que parece de sentido común que esta garantía ha pasado a ser un privilegio. Y eso es suficiente.

Ya no me sorprende que esto no ocurra en estado democrático alguno, monárquico o republicano. Y es que en España se juega diferente, el Spain is Different. Porque si bien, a excepción de esta última prerrogativa (que recuerden no veo innecesaria en su concepto constitucional), estas figuras son las cuatro paredes y un techo de todo edificio constitucional básico. Parece que en nuestro país empezamos la casa por el tejado.

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Trasnochada caballerosidad. Cinéfilo y melómano, estudiante de derecho en su tiempo libre. ☐ Bodrios infumables. ★ Típica película de domingo. ★★ Buenas películas, de las que aportan algo. ★★★ Obras maestras. Estas maravillas irrepetibles. ☞ Cinéfilos. ¿Te gusta el cine?

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